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La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección.
Así el artículo 20. 1.d establece el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el artículo 105.b señala el derecho de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento.
En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos.
Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía. El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las nuevas tecnologías permiten hoy día desarrollar herramientas de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley cuyo uso permita que, a través de un único punto de acceso, el ciudadano pueda obtener toda la información disponible.
Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en la Ley y la Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización de datos y buen gobierno de la Diputación Provincial de Albacete publicada en el B.O.P. de 28 de agosto de 2017 se ha creado la siguiente página web para mantener actualizada y difundir por medios electrónicos la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública así como permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
Igualmente se incorpora la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver, como mecanismo para hacer efectivos estos derechos. Es deseo de esta Diputación elaborar, mantener actualizado y difundir el catálogo de información pública y Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada, así como publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
Nuestro compromiso es difundir los derechos que reconocen las Leyes y la Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información, facilitando la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegidos.
Desde aquí animamos a la ciudadanía a ser exigente en el ejercicio de sus derechos de información como herramienta imprescindible para una mejor participación política que redundará en beneficio de la Provincia de Albacete.